El consenso está contraindicado en el arte de la "cultura de paz". No existe ningún país en el mundo que ofrezca evidencia teórica o empírica sobre la solución de conflictos sociales a partir de la suscripción de papeles.
Las "mesas de diálogo" -producto peruanísimo- improvisadas según el lugar o circunstancia, al no tener un respaldo técnico, cataliza el gesto aristocrático del Estado y el asambleísmo de los ciudadanos. Nada puede resolverse entonces. Porque los prejuicios y las actitudes no desaparecen; no pueden ser neutralizadas. Se necesitarían técnicas oportunas y mejoradoras, aplicadas por profesionales desvinculados emocional y actitudinalmente de los hechos, para lograr resultados eficaces y duraderos.
Por eso, creemos que es importante institucionalizar en el Perú -de una buena vez- la prevención de conflictos a partir de mecanismos de alerta temprana, considerando antecedentes como la guerra interna, la miseria en el sur del país y la violencia rural y urbana. Prevención que debe gestionar una entidad del Poder Ejecutivo con amplias competencias transversales.
Un mapa de conflictividad en el mundo podría indicar que América Latina -en comparación con otras regiones del planeta- no es precisamente una zona de violencias sociales extendidas e inmanejables. Pero los riesgos que se derivan de la actividad productiva y de servicios; de las grandes inversiones públicas y privadas; de las desigualdades históricas; del importante crecimiento económico experimentado en los últmos diez años, de suyo configuran un panaroma preocupante.
Reproducimos, acontinuación, un editorial del Diario EL COMERCIO aparecido hoy viernes 29 de enero de 2010, que no compartimos pero que expresa una preocupación legítima (y probada): la incapacidad e ineficiencia de los Gobiernos Regionales y Locales para gestionar, proyectar y ejecutar la inversión pública. Factor percutante de nuestra conflictividad.
Óscar Contreras.-
Los pronósticos de mayor inversión y crecimiento económico para este año son una buena noticia que debe ponderarse dentro de un contexto mayor de país: ¿Qué sectores crecerán?, ¿Cuál será el impacto en el mercado de trabajo? ¿Y cómo se engarza esto con el gran objetivo descentralizador e inclusivo?
Viernes 29 de enero de 2010 - 07:22 am
Los pronósticos de mayor inversión y crecimiento económico para este año son una buena noticia que debe ponderarse dentro de un contexto mayor de país: ¿Qué sectores crecerán?, ¿Cuál será el impacto en el mercado de trabajo? ¿Y cómo se engarza esto con el gran objetivo descentralizador e inclusivo?
Por lo pronto, en el sector minero se doblaría la inversión con US$5.000 millones más respecto del año pasado y en los próximos seis años se espera una inversión de US$30.000 millones en proyectos de exploración, explotación y refinación El reto ahora es mantener esta fortaleza para atraer inversiones, lo que demanda reforzar la seguridad jurídica y mejorar el clima político y social, perturbado por la tensa relación entre algunas empresas con los trabajadores y las comunidades.
Eso no es todo. Tenemos pendientes de resolver la cuestión indígena, los problemas ambientales que dividen poblaciones enteras, y ahora último la exacerbación de problemas climáticos que demandan atención urgente.
Se dan otras circunstancias agravantes, que exigen la atención prioritaria de las autoridades, para tomar medidas de prevención, antes de que estallen los conflictos.
Por un lado, las municipalidades de los centros mineros recibirían menos de la mitad por canon, al haber disminuido en más de 60% la recaudación del Impuesto a la Renta. Luego, las áreas concesionadas superarían los 20 millones de hectáreas, 15% más que el 2009, lo que podría crear fricciones. Y a ello se suma que estamos en una etapa netamente electoral, en la que se exacerba la polémica redistributiva.
Por contraste, es una realidad escandalosa que muchos alcaldes y presidentes regionales siguen pidiendo más recursos, pero no demuestran capacidad de gestión, inversión ni gasto.
Esto no puede continuar así. Estas autoridades tienen que asumir su responsabilidad de resolver los problemas sin achacar toda la culpa al Gobierno Central. Lo que les corresponde es mejorar sus políticas de comunicación y transparencia para explicar a los vecinos la raíz de los problemas sociales y dando prioridad a los distritos más necesitados y las obras más urgentes. Asimismo, deben dejar que las empresas mineras y el sector privado desarrollen sus propios proyectos de apoyo social sin tener que pasar por el tamiz politizado de burócratas locales y regionales.
Es momento de que revisen los mecanismos de diálogo, lo que pasa por presentar informes de gestión sobre sus proyectos, obras e inversiones locales y regionales. Y, en coordinación con el Gobierno Central y la PCM, deben insistir en la institucionalización de las mesas de diálogo, lo que, tras los sucesos de Bagua, fue un compromiso que las partes asumieron públicamente pero que hasta ahora nadie cumple.
Hay que ser optimistas pero también realistas. Ello va también para la Defensoría del Pueblo, cuyo monitoreo de conflictos sociales es útil y necesario, pero podría ser más exhaustivo para que no toda situación polémica se incluya como conflicto.
Qué interesante apreciación, la que refleja una aproximación más que informada al tema de la conflictividad social...
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